Publicado en www.elpais.com
El ministro de justicia, Rafael Catalá, ha convocado para este viernes a las asociaciones de jueces para informarles de las líneas básicas del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé aprobar el Consejo de Ministros. A falta de que se conozcan los detalles del texto que ha preparado el Gobierno, jueces y fiscales discrepan sobre la limitación a seis o 18 meses de los plazos de instrucción. Las cuatro asociaciones consultadas coinciden en que el plazo de seis meses que plantea el Gobierno es prácticamente “imposible” de cumplir si no se acompaña de un incremento de medios materiales y humanos y de reformas procesales, entre ellas, acotar las opciones de recursos para impedir que las partes impugnen cada resolución judicial.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)considera positiva la medida siempre y cuando se acompañe de un cambio en el sistema de recursos que impida que las partes impugnen cada resolución adoptada por el juez. La asociación Jueces para la Democracia comparte que, con el mecanismo actual de recursos, en la mayoría de los casos es “imposible” cumplir con el plazo de seis meses, pero este límite tampoco podrá cumplirse, asegura esta asociación, si el Gobierno no soluciona la falta de medios materiales y humanos que sufre los juzgados.
“La limitación del plazo de instrucción da a entender que los procedimientos se demoran por una actuación negligente del juez, al que se pretende poner límite. Cuando la realidad es que las causas se alargan porque no hay medios suficientes”, advierte Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que agrupa a 558 jueces progresistas. Bosch teme que el Gobierno de Mariano Rajoy pretenda descargar en los jueces la culpa de la demora actual de las investigaciones judiciales a pesar de que en la mayoría de los casos se alargan porque se topan con obstáculos que, en la mayoría de los caos, tienen que ver con la falta de recursos. “En la investigación de un delito contra la libertad sexual, por ejemplo, puedes tardar un año en obtener un informe de ADN; una pericial caligráfica, puede demorarse ocho meses”, advierte Bosch.
Además de medios, los jueces progresistas piden que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal incluya una reforma procesal que limite las opciones de recursos, que, actualmente son una de las causas habituales de retrasos en las investigaciones. “Lo importante no es que la ley establezca plazos, lo importante es que se puedan cumplir”, insiste Bosch. “No se puede hablar de dejadez. Si hay cientos de imputados por corrupción es porque hay cientos de jueces que los están investigando con falta de medios y muchas dificultades”, sostiene el portavoz de Jueces para la Democracia, que advierte, además, de que la imposición de plazos “imposibles” de cumplir puede llevar a que se produzcan archivos y “cierres en falso” de las causas penales.
Sobre esta posibilidad de que los jueces se vean obligados a sobreseer casos si no pueden terminar la investigación en el plazo marcado alerta también Pablo Llarena, portavoz y presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que agrupa a alrededor de 1.400 jueces. Llarena considera que la limitación temporal de las investigaciones es una buena noticia tanto para los propios jueces como para los ciudadanos, pero coincide en que debe acompañarse de otras reformas que posibiliten cumplir con los plazos. La principal, un cambio en el sistema de recursos que, recuerda, ya estaba previsto tanto en el primer borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal redactado en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como en el proyecto que preparó el Gobierno de Zapatero con Francisco Caamaño como ministro de Justicia.
Pero Llarena sí que cree que el sistema judicial está preparado para cumplir con ese límite de seis meses en los casos más habituales en los juzgados, como los delitos de tráfico de drogas, lesiones o tráfico. Si los plazos se alargan en exceso es en parte, según el portavoz de los jueces conservadores, porque no hay un límite que “apremie” a los instructores. Según Llarena, la imposición de plazos va a obligar no solo a los jueces, sino también a los fiscales, la policía y los peritos, a “agilizar” su forma de trabajar. “Cuando existe la obligación de cumplir con un plazo, la organización de la oficina se construye desde ese parámetro”, afirma el presidente de la APM, que demanda que en los primeros años de la aplicación de la ley haya “especial atención” a cómo se adapta la Administración de Justicia a esa limitación temporal de las investigaciones.
La conservadora Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales coinciden en que la imposición de plazos solo es viable si va acompañada de incremento de medios y de cambios en las normas procesales. “Es extraño que se impongan plazos antes de dotar de más medios a la justicia, como si las demoras fueran algo voluntario”, lamenta Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. El artículo 324 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerda García, ya obliga a los secretarios judiciales a explicar por qué un sumario sigue abierto pasado el primer mes de instrucción, pero solo una minoría de casos se cierra en ese plazo.
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