- Comunicaciones telemáticas y expediente judicial electrónico
CCOO SOLICITA
FORMALMENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA EL APLAZAMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN
OBLIGATORIA DE LEXNET Y DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO
En escrito presentado hoy y dirigido a la Secretaria
de Estado de Justicia CCOO hemos solicitado
asimismo la convocatoria urgente de la mesa sectorial de negociación de la
Administración de Justicia para frenar el ataque que la obcecación del
ministerio está suponiendo para las condiciones de trabajo del personal de los
juzgados, tribunales y fiscalías
CARTA REMITIDA POR CCOO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA
CCOO hemos insistido en que, “la situación es de tal gravedad que escuchar al Ministro de Justicia decir que todo va bien y que el papel cero es un hecho en la Administración de Justicia es cuanto menos engañar a los ciudadanos, pues no solo es incierto, sino que como bien conoce en los Juzgados se ha incrementado la petición de papel en un 30% ya que todo lo que entra vía telemática tiene que imprimirse para seguir confeccionando en papel el expediente judicial, y todo lo que entra en papel tiene que digitalizarse con unos medios técnicos y personales a todas luces insuficientes, y mientras los trabajadores y las trabajadoras dedicamos una parte importante de la jornada laboral a cuestiones puramente técnicas, a dar incidencias al CAU, a imprimir, a digitalizar, etc….la tramitación ordinaria de los expedientes se ralentiza considerablemente, por lo que sus cuentas de la reducción de tiempo en las notificaciones están, cuando menos, maquilladas (los ejemplos a los que se refirió el ministro en rueda de prensa son notificaciones a Procuradores en una jurisdicción civil que lleva ya años llevándose a cabo). Y tomando como ciertas las cifras ofrecidas por el propio ministerio sobre el ahorro para los profesionales (abogados, procuradores de 28,6 millones de euros se ha de concluir que una parte importante de ese ahorro se ha trasladado como un gasto añadido a las arcas públicas y por lo tanto, sufragado por todos los ciudadanos.”
En el escrito, hemos recordado a la Secretaria de Estado que “CCOO ha propuesto a todos los grupos parlamentarios las iniciativas legislativas necesarias para el aplazamiento de la entrada en vigor de la implantación del expediente judicial electrónico lo que le solicitamos también a Vd. expresamente en este escrito pero además, y como así también vienen solicitando otros colectivos, le solicitamos encarecidamente a este Ministerio el aplazamiento en la implantación generalizada y obligatoria del Lexnet hasta que se garantice su éxito tanto en el ámbito ministerio como en el resto de CCAA con competencias”.
En el mismo escrito hemos solicitado al Ministerio de Justicia que, sin perjuicio de mantener las reuniones técnicas con la Subdirección de Nuevas Tecnologías que se vienen sucediendo, a la mayor brevedad posible, desde la Secretaría de Estado se convoque urgentemente una mesa de negociación de la Administración de Justicia en la que:
- El ministerio acepte la petición de CCOO de aplazar la implantación generalizada de las comunicaciones telemáticas.
- Se determinen “órganos, jurisdicciones y/o localidades piloto” donde garantizar la puesta en marcha con garantías de las comunicaciones telemáticas, con el fin de ir extendiendo progresivamente su implantación una vez que se detecten y solucionen los problemas que se van produciendo.
- Se establezca un protocolo de coordinación con todas las CCAA con competencias, con el fin de garantizar la implementación a la misma velocidad en toda la Administración de Justicia.
- Se constituyan comisiones provinciales en el ámbito ministerio con todos los colectivos afectados, incluidos los trabajadores, con el fin de solucionar “in situ” los problemas técnicos que se detecten y coordinar los protocolos de implantación que se vayan deduciendo, pues a fecha de hoy, o éstos no existen o son contradictorios o no llegan a conocimiento de los principales actores que son los trabajadores.
- Se acuerde el incremento y mejora de los medios técnicos.
- Se dispongan medidas de refuerzo de personal, al menos, en Secciones de Registro y Reparto del Servicio Común General, Decanatos y Oficinas de Registro y Reparto, así como en aquellos juzgados y fiscalías con mayor sobrecarga derivada de esta implantación.
- Se acuerde igualmente el refuerzo de personal en el CAU. Pese a que se trata de un servicio externalizado del ministerio, éste no puede desentenderse de su responsabilidad y del pésimo servicio que en estas condiciones está ofreciendo la empresa subcontratada y a la que se le paga una importante cantidad por ofrecer un servicio que, en estos momentos, no es adecuado.
- Se negocie de un complemento retributivo en concepto de productividad o de gratificaciones extraordinarias o de planes de actuación para compensar el sobreesfuerzo y dedicación de los trabajadores en la puesta en marcha de esta implantación, sin perjuicio de retribuir de forma permanente y colectiva el trabajo desarrollado en los órganos judiciales y fiscales que, en la actualidad, solo se está viendo compensado en forma de productividad o de cumplimiento de objetivos únicamente a jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia.
- Se establezca un verdadero plan de formación ante la avalancha de reformas legislativas y la implantación de nuevas tecnologías, pese a que, como acabamos de conocer en la mesa central de formación, el ministerio no tiene ningún interés real en la formación de sus trabajadores, máxime cuando estas acciones formativas son una obligación legal del ministerio que además está aceptada en el acuerdo de 18 de diciembre suscrito con las organizaciones sindicales.
CCOO hemos insistido en que, “la situación es de tal gravedad que escuchar al Ministro de Justicia decir que todo va bien y que el papel cero es un hecho en la Administración de Justicia es cuanto menos engañar a los ciudadanos, pues no solo es incierto, sino que como bien conoce en los Juzgados se ha incrementado la petición de papel en un 30% ya que todo lo que entra vía telemática tiene que imprimirse para seguir confeccionando en papel el expediente judicial, y todo lo que entra en papel tiene que digitalizarse con unos medios técnicos y personales a todas luces insuficientes, y mientras los trabajadores y las trabajadoras dedicamos una parte importante de la jornada laboral a cuestiones puramente técnicas, a dar incidencias al CAU, a imprimir, a digitalizar, etc….la tramitación ordinaria de los expedientes se ralentiza considerablemente, por lo que sus cuentas de la reducción de tiempo en las notificaciones están, cuando menos, maquilladas (los ejemplos a los que se refirió el ministro en rueda de prensa son notificaciones a Procuradores en una jurisdicción civil que lleva ya años llevándose a cabo). Y tomando como ciertas las cifras ofrecidas por el propio ministerio sobre el ahorro para los profesionales (abogados, procuradores de 28,6 millones de euros se ha de concluir que una parte importante de ese ahorro se ha trasladado como un gasto añadido a las arcas públicas y por lo tanto, sufragado por todos los ciudadanos.”
En el escrito, hemos recordado a la Secretaria de Estado que “CCOO ha propuesto a todos los grupos parlamentarios las iniciativas legislativas necesarias para el aplazamiento de la entrada en vigor de la implantación del expediente judicial electrónico lo que le solicitamos también a Vd. expresamente en este escrito pero además, y como así también vienen solicitando otros colectivos, le solicitamos encarecidamente a este Ministerio el aplazamiento en la implantación generalizada y obligatoria del Lexnet hasta que se garantice su éxito tanto en el ámbito ministerio como en el resto de CCAA con competencias”.
CCOO SOLICITA TAMBIÉN LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA
MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En el mismo escrito hemos solicitado al Ministerio de Justicia que, sin perjuicio de mantener las reuniones técnicas con la Subdirección de Nuevas Tecnologías que se vienen sucediendo, a la mayor brevedad posible, desde la Secretaría de Estado se convoque urgentemente una mesa de negociación de la Administración de Justicia en la que:
- El ministerio acepte la petición de CCOO de aplazar la implantación generalizada de las comunicaciones telemáticas.
- Se determinen “órganos, jurisdicciones y/o localidades piloto” donde garantizar la puesta en marcha con garantías de las comunicaciones telemáticas, con el fin de ir extendiendo progresivamente su implantación una vez que se detecten y solucionen los problemas que se van produciendo.
- Se establezca un protocolo de coordinación con todas las CCAA con competencias, con el fin de garantizar la implementación a la misma velocidad en toda la Administración de Justicia.
- Se constituyan comisiones provinciales en el ámbito ministerio con todos los colectivos afectados, incluidos los trabajadores, con el fin de solucionar “in situ” los problemas técnicos que se detecten y coordinar los protocolos de implantación que se vayan deduciendo, pues a fecha de hoy, o éstos no existen o son contradictorios o no llegan a conocimiento de los principales actores que son los trabajadores.
- Se acuerde el incremento y mejora de los medios técnicos.
- Se dispongan medidas de refuerzo de personal, al menos, en Secciones de Registro y Reparto del Servicio Común General, Decanatos y Oficinas de Registro y Reparto, así como en aquellos juzgados y fiscalías con mayor sobrecarga derivada de esta implantación.
- Se acuerde igualmente el refuerzo de personal en el CAU. Pese a que se trata de un servicio externalizado del ministerio, éste no puede desentenderse de su responsabilidad y del pésimo servicio que en estas condiciones está ofreciendo la empresa subcontratada y a la que se le paga una importante cantidad por ofrecer un servicio que, en estos momentos, no es adecuado.
- Se negocie de un complemento retributivo en concepto de productividad o de gratificaciones extraordinarias o de planes de actuación para compensar el sobreesfuerzo y dedicación de los trabajadores en la puesta en marcha de esta implantación, sin perjuicio de retribuir de forma permanente y colectiva el trabajo desarrollado en los órganos judiciales y fiscales que, en la actualidad, solo se está viendo compensado en forma de productividad o de cumplimiento de objetivos únicamente a jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia.
- Se establezca un verdadero plan de formación ante la avalancha de reformas legislativas y la implantación de nuevas tecnologías, pese a que, como acabamos de conocer en la mesa central de formación, el ministerio no tiene ningún interés real en la formación de sus trabajadores, máxime cuando estas acciones formativas son una obligación legal del ministerio que además está aceptada en el acuerdo de 18 de diciembre suscrito con las organizaciones sindicales.
