- CCOO critica duramente el voto contrario del PP y del PSOE al aplazamiento en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
Madrid, 7 de abril de 2016
El 5 de abril se debatió en el Congreso la proposición no de Ley de Ciudadanos para aprobar una moratoria de la obligación legal de usar el sistema de intercomunicaciones digital en los Juzgados desde el día 1 de enero de 2016 y del expediente judicial electrónico a partir del 7 de julio de 2016. La proposición fue rechazada con el voto en contra del PP y del PSOE.
CCOO no comparte ni entiende el empecinamiento del Ministerio de Justicia, apoyado por el Grupo Popular, en mantener esta obligación legal a sabiendas de que en el conjunto de la Administración de Justicia del Estado no existen los medios suficientes para cumplirla.
Para CCOO también resulta incomprensible e injustificable la postura del PSOE que, mientras en el Congreso ha votado en contra de la moratoria, en la Asamblea de Madrid se ha posicionado a favor (junto con el resto de grupos salvo el del PP) de una proposición no de ley similar que insta al Consejo de Gobierno a que en el plazo de 6 meses dote a los órganos judiciales de los medios materiales y personales adecuados, a la implantación progresiva del papel “0” y a que garantice la adecuada formación para el uso de LexNet a las y los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Asimismo esta proposición insta al Gobierno de la nación a “que adopte de manera urgente cuantas medidas y disposiciones resulten necesarias para la suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad para los profesionales de la justicia del uso de LexNet, abriendo un periodo transitorio de, al menos, seis meses para que este sistema de comunicación digital se implante con las garantías adecuadas en todos los órganos judiciales” y a que inicie “un diálogo con todos los agentes implicados para que expresen su opinión y realicen sugerencias para la mejora de la aplicación del sistema LexNet”.
Las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Cataluña, Euskadi y Andalucía —todas ellas con competencias en medios materiales de la Administración de Justicia— ya han comunicado al Ministerio de Justicia en múltiples ocasiones la imposibilidad de cumplir los plazos legales fijados. De hecho en estas comunidades autónomas, en mayor o menor medida, no se está pudiendo utilizar con exclusividad el sistema de Lexnet de intercomunicación digital desde el 1 de enero, a pesar de que la ley obliga a ello. Tampoco será posible cumplir con la fecha del 7 de julio para implantar el expediente judicial electrónico.
En el resto del territorio nacional (comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja Aragón y Canarias, con competencias transferidas y el resto bajo la competencia del Ministerio de Justicia) la realidad es muy similar, habiéndose comprobado la insuficiencia de medios personales y tecnológicos para llevar a cabo la informatización de la Administración de Justicia.
CCOO consiguió arrancar al Ministerio de Justicia el compromiso de que una delegación de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías y de las organizaciones sindicales comprobasen “in situ” en los órganos judiciales los problemas que estaba generando el uso de Lexnet. Tan solo se ha realizado una visita en los Juzgados de Ceuta, cuyo resultado fue tan desastroso por los múltiples problemas que se están generando que la propia Subdirección General comunicó a los sindicatos en la reunión de la comisión de seguimiento celebrada el pasado 31 de marzo que se interrumpían las visitas hasta que se solucionasen los problemas detectados en Ceuta, porque la mayoría de ellos eran extensivos al resto de oficinas judiciales y fiscales del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia.
Mientras tanto, el ministro de Justicia en funciones y su número dos, la secretaria de Estado, siguen visitando sedes judiciales —en el último mes han visitado al menos Cáceres, Burgos, Asturias, Madrid y Sevilla— y entrevistándose con las altas instancias judiciales y políticas, mientras se niegan a comprobar sobre el terreno y con los trabajadores y trabajadoras que, por ahora, no es posible la implantación generalizada y obligatoria de Lexnet ni del expediente judicial electrónico.
CCOO apuesta decididamente por la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, pero exige a las Administraciones competentes que la misma se haga de forma progresiva, incrementando la dotación de medios materiales y personales, reconociendo a las y los trabajadores de los juzgados, tribunales y fiscalías el esfuerzo realizado para está tremenda modificación de los sistemas de trabajo y reconociendo la participación estos trabajadores como elemento esencial que ayudaría a encontrar soluciones prácticas a los problemas que se generan. Imprimir artículo
