El Gobierno podrá trasladar funcionarios y abre la puerta a despedir a
los que se nieguen a ese traslado. Además, los empleados públicos que
se pongan enfermos perderán parte de su retribución. El Ejecutivo
pretende recortar así lo que califica como "elevado absentismo" entre
los funcionarios.
A cambio, los empleados públicos que tengan un salario base inferior a
los 962,1 euros al mes sí mantendrán el cobro de la extra de Navidad.
El Gobierno traslada la reforma laboral a la función pública:
quienes no acepten la “movilidad geográfica”, es decir, el traslado,
podrán ser despedidos. Así se desprende de la letra oficial de la
reforma del sector público publicada por el Boletín Oficial del Estado
(BOE) y que incluye mayores recortes para los empleados públicos de los
que anunció el Consejo de Ministros: además del recorte en las pagas
extras y de sus días libres, los funcionarios que se pongan enfermos
perderán parte de sus ingresos para “evitar el absentismo”. El objetivo
–según el Boletín Oficial del Estado—es “ahorrar gastos de personal e
incrementar la calidad y productividad del empleado”. El resultado es
que la administración pública pasa a tener el mismo régimen que el que
la reforma laboral de Rajoy introdujo en el sector privado.
La letra del BOE dicta que Hacienda establecerá criterios
"vinculantes de movilidad y asignación de puestos" con los que el
Ejecutivo podrá trasladar a los funcionarios y empleados públicos de
unos puestos a otros. Según reza el decreto del Ejecutivo, el ministerio
se reserva la capacidad de realizar traslados "para una asignación más
eficiente y adecuada de los recursos humanos".
El texto aprobado por el Ejecutivo permitirá al Gobierno despedir a los empleados públicos que se nieguen a aceptar el traslado.
De igual modo, entre los recortes que se aplicarán a los funcionarios está el de rebajar la retribución que cobran si se ponen enfermos
para –según afirma el texto publicado en el BOE—frenar el “elevado
absentismo”. Durante los tres primeros días de enfermedad cobrarán la
mitad de su retribución ordinaria y desde el cuarto y hasta el vigésimo
día de baja percibirán el 75% de su retribución. Además, el Ejecutivo
insta a autonomías y ayuntamientos a “adoptar medidas para reducir el
absentismo de su personal”.
Los empleados públicos que cobren menos de 962 euros al mes conservan la extra de Navidad
Los recortes también van más allá cuando llegan al papel que cuando
los anunció el Presidente Mariano Rajoy: el Gobierno no sólo suprime la
extra de Navidad sino también “los complementos específicos” y las
“pagas adicionales” que se perciben en ese mes para la mayoría de
empleados públicos.
Ese recorte se aplicará de una sola vez a final de año aunque el
Gobierno admite la posibilidad de empezar a cobrarlo a partir del mes
que viene de manera “prorrateada” en aquellos casos en los que los
representantes de los trabajadores así lo acuerden mediante la
negociación colectiva. De hecho, los jueces y fiscales verán como se les
recorta ya mes a mes la parte proporcional a esa extra de Navidad.
A cambio, sí seguirán cobrando la extra de Navidad aquellos
funcionarios que cobren menos de 962,1 euros al mes, es decir, aquellos
cuyo salario base no supere en 1,5 veces el Salario Mínimo
Interprofesional. En su caso, se les mantienen tanto la extra de
diciembre como los complementos o pagas extraordinarias de ese mes.
Se suspenden los convenios colectivos
El gesto más significativo en la suspensión de derechos lo introduce
un nuevo párrafo que se añade al Estatuto Básico del Empleado Público.
En él, se afirma que los gobiernos podrán decretar la suspensión de los
convenios colectivos y de los acuerdos firmados con los sindicatos
cuando se produzca “una alteración sustancial de las circunstancias
económicas”. La redacción de ese párrafo abre la puerta a dejar sin
poder efectivo a los sindicatos y representantes de los trabajadores.
Unos recortes sin marcha atrás
El Gobierno ha hablado oficialmente de una “aplicación temporal” de
estas medidas de recorte para los funcionarios. El BOE, de hecho, afirma
que “tienen carácter temporal” y que “queda supeditada su vigencia a la
subsistencia de la difícil coyuntura económica actual que afecta a la
sostenibilidad de las cuentas públicas”.
Sin embargo, los funcionarios subrayan que ese mismo Boletín Oficial del
Estado introduce una frase que permitirá mantener los recortes más allá
de la crisis, cuando afirma que también “quedan supeditada su vigencia a
razones de interés público que hicieran necesaria su aplicación en el
futuro”.
Fuente: http://www.vozpopuli.com
